De acuerdo con los planteamientos del
constitucionalismo multinivel el Tratado
de Lisboa al tiempo que ofrece un mayor
protagonismo al Parlamento europeo atribuye
nuevos poderes a los parlamentos
nacionales. Por un lado, el nuevo Protocolo
sobre la subsidiariedad trata de corregir
las descompensaciones institucionales internas
producidas en el proceso de integración
involucrando a los parlamentos nacionales
en el control previo, el respeto del
principio y poniéndolos en condiciones de
bloquear el proceso decisional europeo. Por
otro lado, la extensión del procedimento de
codecisión, generalizando el poder de veto,
tiene el objetivo de seguir la dirección de
consolidar el papel del Parlamento europeo
con relación a las otras instituciones comunitarias
(y particularmente con relación al
Consejo). Con la intención de evidenciar las
contradicciones que parecen encontrarse
en la estrategia doctrinal y que han orientado
las decisiones tomadas en el Tratado
de Lisboa, el presente trabajo intenta reconstruir
el proceso decisional a la luz de
la praxis constitucional. El objetivo es el de
entender, si más allá de las declaraciones
retóricas de conveniencia, las novedades
introducidas en el Tratado de Lisboa son
realmente buenas como para mejorar la
calidad democrática de las decisiones europeas
o si más bien con ellas se puedan producir
peligrosos cortocircuitos en la lógica
de la integración.
